En el mundo se estima que el 11% de todos los nacimientos se produce en jóvenes de entre 15 y 19 años. En América Latina y el Caribe, esta cifra asciende al 19%, con importantes diferencias entre países. No es casual que este problema persista en una de las regiones con mayores niveles de desigualdad. Además de evidenciar las inequidades sanitarias y las enormes brechas en el acceso a servicios e insumos para la salud sexual y reproductiva, el embarazo adolescente pone de manifiesto las persistentes y marcadas diferencias económicas, sociales y educativas (por destacar sólo algunas) que no hacen sino dificultar una transición hacia la vida adulta que permita un pleno desarrollo personal, respetuoso con los derechos humanos.
Desde que, el 11 de marzo pasado, la Organización Mundial de la Salud declarara la pandemia por coronavirus, esta realidad se ha tensionado. Los sistemas de salud se han visto obligados a reorganizar sus servicios, infraestructura, recursos humanos e insumos para concentrarse en dar respuesta a un nivel de demanda sin precedentes. Mucho se ha hablado sobre las consecuencias de la pandemia en nuestras vidas, nuestra economía y el futuro inmediato. En este análisis me pregunto qué consecuencias traerá para la salud sexual y reproductiva de las y los adolescentes en América Latina.
En este sentido, en el contexto actual de crisis sanitaria por Covid-19, identifico al menos dos cuestiones clave (aunque pueden ser más, sin duda) que relacionan la pandemia con un posible aumento del embarazo adolescente en la región: las dificultades en el acceso a métodos anticonceptivos y la exposición a situaciones de violencia de género, violaciones y abuso.
Menos acceso a los métodos anticonceptivos
Desde la crisis sanitaria, los servicios de salud ambulatorios se han restringido notablemente. Los que han continuado abiertos han visto afectada la cadena de suministros, lo que deriva (entre otras cuestiones) en una disminución de la disponibilidad de métodos anticonceptivos e insumos para la salud sexual y reproductiva. Lo anterior, inevitablemente, repercute en un aumento de los embarazos no buscados y en niñas y adolescente, en más infecciones por ETS (enfermedades de transmisión sexual), abortos inseguros y mayor morbilidad y mortalidad materna.
En América Latina y el Caribe, las proyecciones de Naciones Unidas para inicios de 2020 estimaban que 19.720.000 mujeres no conseguían acceder métodos anticonceptivos modernos. Además, es importante tener en cuenta que la disponibilidad de estos productos en los sistemas de salud ya se producía de forma irregular y la necesidad insatisfecha en el acceso a los anticonceptivos era alta incluso antes de la pandemia.
En este sentido, un estudio del Fondo de Población de Naciones Unidas estima que en América Latina se producirá una discontinuidad del uso de métodos anticonceptivo de 3,9 millones desde el sector privado de farmacias (por dificultades económicas de las familias) y de 13,1 millones por desabastecimiento de los servicios públicos. Lo anterior, sumado a las 19,7 millones que ya tenían necesidades insatisfechas de estos métodos, hará que el porcentaje de mujeres de la región con necesidades insatisfechas de planificación familiar retroceda a la situación que veíamos hace 27 años, pasando del 11,4% al 16,3%.
En el caso específico de los y las adolescentes, a las barreras de acceso a los anticonceptivos tradicionales se agregan otras como los impedimentos legales para entregar anticonceptivos a menores de edad y cuestiones culturales. Si a este cóctel, ya de por sí explosivo, le sumamos el hecho de que en América Latina el tiempo de confinamiento ha sido más extenso (superando incluso los 100 días), así como las profundas dificultades económicas y sociales a nivel regional, la conclusión es muy preocupante. Sólo por citar un ejemplo, Guatemala, país que en abril había registrado una incidencia leve del virus, experimentó una disminución en la entrega de métodos del entorno del 41% para adolescentes, que contrasta con el 6% para las mujeres de 20 a 24 años.
Más exposición a violencia de género
Una de las medidas más extensamente utilizada por los países para afrontar la crisis por la Covid-19 ha sido implementar medidas de confinamiento (también llamadas cuarentenas). Además de las obvias consecuencias sobre la restricción de la circulación (dificultando el acceso geográfico a los centros de salud), este tipo de estrategias tiende a aumentar la exposición a situaciones de violencia sexual y abuso en el ámbito intra-familiar, sobre todo si tenemos en cuenta que varios trabajos indican que la mayor parte de los agresores pertenece al círculo familiar y social cercano. Esta realidad pone de manifiesto que muchas mujeres, adolescentes y niñas pasan el confinamiento bajo el mismo techo que ellos.
Pero además, no quiero dejar de mencionar que aun en los casos en que el embarazo no es producto de una violación, las trayectorias de vida de muchas madres adolescentes están marcadas por diferentes tipos de vulneración de su integridad sexual o de relaciones de desigualdad de poder.
Desde que los países latinoamericanos implementaron el confinamiento, hemos visto noticias que alertan de un aumento de las denuncias por violencia de género. Es un problema que, además, viene de lejos y cuyo abordaje sigue siendo muy complejo por su propia naturaleza, el sub-registro y la diversidad de fuentes e instancias gubernamentales que intervienen en su tratamiento, entre otros. La pandemia amenaza con empeorarlo aún más.
Un informe de ONU Mujeres sobre el impacto del coronavirus en la violencia contra las mujeres en América Latina presenta datos muy preocupantes. En Brasil, aumentaron un 50% las denuncias por violencia de género. En Colombia, durante los primeros días de cuarentena se registró un aumento del 51% de los casos de violencia intra-familiar. En México, el incremento fue del 30% en las denuncias. Si, además, tenemos en cuenta que las víctimas de violencia sexual encuentran barreras para acceder a métodos de anticoncepción de emergencia o a una interrupción legal del embarazo, es lógico inferir que aumentarán los embarazos en adolescentes y niñas.
Un desafío que se profundiza
El impacto completo de la pandemia por Covid-19 sobre la tasa de embarazos adolescentes en América Latina y el Caribe podrá medirse con precisión de aquí a unos meses. Sin embargo, con la información disponible hasta la fecha, es posible anticipar que las repercusiones negativas serán muy preocupantes. Eso debería no sólo alertarnos, sino llamarnos a la acción y prever posibles formar de combartirlo.
El embarazo adolescente constituye, fundamentalmente, una enorme deuda que tenemos con las y los jóvenes de América Latina. Este asunto manifiesta de forma muy contundente las enormes brechas sociales, económicas y de género que tenemos pendientes en la región. Además, son muchos los argumentos sobre las consecuencias de convertirse en madre durante la adolescencia, que acompañan a ellas y sus hijos a lo largo de todo el ciclo vital. Resulta tan explícito como inmoral no intentar revertirlo.
